La primera mitad de este siglo constituyó para la Universidad una verdadera "prueba de fuego", ya que se vió enfrentada a continuos embates del poder político, a la presión surgida de los movimientos estudiantiles -con la impronta del movimiento reformista de Córdoba- y a la necesidad de responder a una sociedad cambiante, con nuevas exigencias culturales.

El primer embate se suscitó con el proyecto de Ley Orgánica que el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento y que quitó de su ámbito la enseñanza de las ciencias agrarias y económicas, restringiendo los poderes centrales de la Universidad y su autonomía. El segundo embate gubernativo promovió el surgimiento de un proyecto totalmente renovador -el Estatuto Universitario de 1935- que pretendía para la Universidad una función rectora y coordinadora de la cultura nacional, yendo mucho más allá de la mera formación profesional.